Javier Herrera Borunda

Ante la polarización a que da origen la política exterior de la actual administración estadounidense, y frente a las directrices migratorias dadas a conocer el pasado martes para ser aplicadas por su Departamento de Seguridad Nacional, resulta evidente que nuestro país, además de fortalecer la asesoría legal a nuestros connacionales que se encuentran en situación migratoria ilegal, a través de la extensa red consular con la que contamos en el territorio de la Unión Americana, y el acercamiento con ellos para evitar el miedo con el que realizan sus actividades laborales, educativas o sociales, requiere del diseño de una estrategia emergente para la atención de los ocho millones de mexicanos que residen sin documentación legal en el país vecino y sienten en carne propia la amenaza cercana de la deportación.

Las nuevas directrices de control migratorio del gobierno de Donald Trump buscan acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y para ello serán contratados 10 mil nuevos agentes en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y cinco mil más en la Oficina de Aduanas y Fronteras. Afortunadamente los jóvenes indocumentados que llegaron a territorio estadounidense siendo menores de edad, conocidos como “dreamers”, no se verán afectados por estas disposiciones, en cambio se precisa que serán perseguidos los inmigrantes sin estatus legal que hayan sido catalogados con “cargos criminales violentos”, que hayan “abusado de los beneficios públicos” o que “a juicio de un agente de inmigración puedan suponer un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido enfático al afirmar que en la relación bilateral con los Estados Unidos hay posiciones en las que México no está dispuesto a ceder, como es el caso de que se vulneren los derechos humanos de nuestros connacionales o no se respete el debido proceso en las deportaciones de mexicanos con estancia ilegal en la Unión Americana. En este sentido, nuestro apoyo al primer mandatario es incondicional.

El pasado martes ya fuimos testigos de la primera víctima mortal de lo que se ha denominado deportación expedita. A una hora de haber sido deportado del territorio estadounidense un  mexicano de tan sólo 44 años decidió lanzarse al vacío de una altura de más de diez metros en el nuevo puente vehicular de la garita El Chaparral que comunica la ciudad de San Isidro con la Tijuana. Nunca podremos conocer cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar una decisión tan radical, aunque podríamos imaginarlas, pero tenemos la obligación de prevenir que no se presente un solo caso más de esta naturaleza.

La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propuso el lunes pasado crear una alianza con el sector empresarial de nuestro país para enfrentar de manera conjunta y solidaria este flujo migratorio inverso que nunca debió haberse dado y que a quien más ha beneficiado es a la economía estadounidense.

Recordemos que el trabajo de los 33.5 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, genera el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país y produce bienes y servicios por un valor de más de 600 mil millones de dólares anuales. En el estado de California, sin considerar a los mexicanos de segunda y tercera generación, nuestros connacionales contribuyen con el 12% del PIB de la entidad y en los casos de Nevada y Arizona con el 10%. En el sector agrícola y de pesca aportan el 16% de toda la producción estadounidense.

Con la alianza propuesta se pretende crear una bolsa de trabajo que permita ofrecer un trabajo remunerado con las prestaciones de ley que permita solventar de manera inmediata los gastos familiares de quienes están siendo desplazados de la economía estadounidense. Se trata de una fuerza de trabajo emprendedora que fácilmente podrá ser capacitada en un principio a través del esquema de empleo temporal mientras les es posible encontrar mejores alternativas de trabajo o incluso el autoempleo en sus comunidades de origen.

De manera paralela a esta propuesta, el PVEM se suma a la de disminuir en un 50% los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos a los partidos políticos, los gastos en comunicación social y los egresos no prioritarios o estratégicos, con el objeto de crear un fideicomiso que permita apoyar a las familias que dejen de recibir remesas de sus familiares por perder el trabajo en los Estados Unidos o haber sido deportados, dando prioridad a los gastos alimentarios, de salud, y de educación a niños, niñas y jóvenes.

Vivimos tiempos inéditos, el sueño de la región económica de América del Norte como la más dinámica y promisoria del mundo quedó sólo en eso, en un sueño. México no puede flaquear, somos la décimo cuarta economía del mundo y nuestros esfuerzos deberán mirar al sur, al este y al oeste donde nuestros productos, sin duda se posicionarán con mayor fortaleza en el corto plazo.

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