Javier Herrera Borunda

Una de las grandes consecuencias del movimiento revolucionario de 1910 es, sin duda, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917 en el entonces Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, de la ciudad de Querétaro, en ese momento sede de los poderes federales.

El presidente Venustiano Carranza tuvo la visión de encausar jurídicamente las inquietudes que manifestaban las diferentes facciones que luchaban por instituir sus convicciones en una nueva Carta Magna que rigiera los destinos del país. En septiembre de 1916, convocó a elecciones de diputados para integrar el Congreso Constituyente, responsable de redactar la nueva Constitución que regiría el destino de México una vez alcanzada la paz.

El 1 de diciembre se instaló el Congreso y se iniciaron los debates en la sesión abierta por el presidente del mismo, el abogado liberal Luis Manuel Rojas. A la ceremonia asistió el presidente Carranza, quien expresó durante su discurso: “Siendo el objeto de todo gobierno el amparo y protección del individuo, o sea de las diversas unidades de que se compone el agregado social, es incuestionable que el primer requisito que debe llenar la Constitución Política tiene que ser la protección otorgada, con cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana…” Este es el principio rector que encontramos en ella al consignar todas las garantías individuales.

Destaca también por su marcado contenido social. Se reconocen los derechos y libertades sociales: el derecho a la libertad de cualquier individuo dentro del territorio nacional; a la libre expresión, asociación y tránsito; a la educación, siendo obligación del Estado proporcionarla de manera laica y gratuita; el derecho de huelga y organización de los trabajadores en sindicatos; a un trabajo digno y con una jornada máxima de ocho horas de trabajo; y a la libre profesión de cultos.

El 31 de enero de 1917 el Congreso terminó sus trabajos y el 5 de febrero se promulgó la Constitución, aún vigente, convirtiéndose en el instrumento jurídico más liberal, reivindicatorio y equitativo del escenario internacional de principios del siglo XX. Es evidente que casi un siglo después, nuestra Ley Fundamental tuviera que ser modificada con objeto de satisfacer las demandas de una sociedad cambiante. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido desde 1921 a nuestros días alrededor de 715 modificaciones que han buscado mantener su espíritu original adaptándose a los signos de los nuevos tiempos.

La innovación del andamiaje institucional y jurídico promovido por el Estado mexicano, y más recientemente por una ciudadanía cada día más interesada en la gobernabilidad democrática, la transparencia y la rendición de cuentas, es fundamental para poder hacer frente a los problemas que en los diversos órdenes económico, político y social se fueron presentando en nuestro país después de su promulgación.

De igual modo, las modificaciones a nuestra Constitución han fortalecido la capacidad de respuesta del gobierno para elevar la calidad de nuestra democracia, al tiempo que han coadyuvado a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones a través de su propio empoderamiento. En esencia, la modernización de nuestra Constitución ha permitido proyectar un sistema políticamente competitivo, que tiene como base la participación activa no sólo de los actores que comparten la responsabilidad de gobernar, sino de la sociedad civil como factor imprescindible de la gobernabilidad y del cambio.

Las reformas transformadoras a la Constitución realizadas en la LXII Legislatura pasarán a la historia parlamentaria de México como de gran trascendencia al modernizar el andamiaje jurídico que establece las bases para forjar un nuevo desarrollo: sostenido y sustentable, a través de la generación de un proceso de sinergias que permitirá al país, en el corto y mediano plazos, hacer la inequidad enfrentable, fortalecer el estado de derecho, propiciar el progreso individual y colectivo de los mexicanos y hacer realidad el derecho que tenemos todos los mexicanos a disfrutar de un medio ambiente sano para nuestro desarrollo integral.

Coincido con las palabras expresadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la celebración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Es mucho los que México ha cambiado para bien en cien años. En estos nuevos tiempos es indispensable no perder el rumbo. La constitución debe ser nuestra brújula y nuestro faro. Reivindiquemos día a día los ideales que ella engloba”. Mantener vivo lo mejor de nuestro pasado, establece la ruta para conducir a México hacia un mejor porvenir.

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