(El Dictamen/Agencias)


Padres de los 43 normalistas desaparecidos afirmaron que desde abril de 2016 —cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandonó el país— las investigaciones se encuentran “en un punto de estancamiento”. Incluso se observa la intención del gobierno federal por cerrar el caso Ayotzinapa, acusaron.

Durante su visita a Morelia para presentar la caravana “Tejiendo 43 esperanzas”, el abogado Vidulfo Rosales recordó que con el apoyo del GIEI se logró la apertura de cuatro líneas de investigación adicionales, en torno a la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y su posible cremación en el basurero de Cocula, Guerrero.

Una de esas cuatro líneas, señaló Vidulfo Rosales, “tiene que ver con la responsabilidad del Ejército Mexicano; la segunda, con el móvil del homicidio que habría sido el traslado de droga de Guerreros Unidos con transporte público de Iguala a Chicago”.

La tercera línea de investigación propuesta por el GIEI, explicó el defensor legal de los padres de los 43, “es el destino de una parte importante de los estudiantes, aproximadamente 25 estudiantes que habrían sido llevados a Huitzuco”.

La cuarta línea se relaciona con el análisis de al menos 300 líneas telefónicas de los estudiantes, policías federales, estatales y municipales, así como el Ejército e integrantes de “Guerreros Unidos” que participaron en los hechos ocurridos en septiembre de 2014, comentó.

A casi un año de que el GIEI culminara su labor en México para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, hoy las investigaciones se encuentran estancadas, aseguraron familiares de las víctimas.

“El problema que estamos teniendo es que no vemos nosotros como padres de familia desde el mes de abril de 2016 (que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes salió del país a la fecha), un avance substancial, vemos mucha reticencia, poca voluntad política del gobierno federal para avanzar en estas nuevas líneas, de lo contrario, hay indicios de querer cerrar el caso”, expuso el abogado Vidulfo Rosales.

Los padres de los 43 jóvenes dieron un plazo a la Procuraduría General de la República para que presente avances de las investigaciones.

“Damos un plazo del 9 de marzo con la PGR. Si no hay avances para el día 9 de marzo cuando nos presentemos, pues nosotros como padres de familia vamos a endurecer las acciones, por eso estamos aquí con la caravana ‘Tejiendo 43 esperanzas’, para decirles que nosotros no nos vamos a rendir hasta encontrar la verdad de dónde están nuestros hijos”, refirió Cristina Bustamante, madre de un normalista.

En las instalaciones de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las familias de Ayotzinapa advirtieron al gobierno federal que este 2017 será el último año que aguardarán para esclarecer totalmente la desaparición de sus hijos y dar con su paradero.