Javier Herrera Borunda

Los Estados del mundo que han elegido la democracia como bandera de gobierno, avanzan constantemente en la maduración de los mecanismos legales e institucionales que les permitan ejercer una gobernabilidad que cuente con el respaldo de sus ciudadanías.

Uno de los grandes aciertos de la democracia moderna ha sido, sin duda, que la pluralidad ideológica que caracteriza el pensamiento político y social del siglo XXI se reconozca y permita al ciudadano elegir entre diversas alternativas de representación popular, a través de las cuales sus voces puedan ser escuchadas en las políticas públicas de gobierno de una nación.

Las elecciones actualmente se rigen por marcos jurídicos e institucionales sujetos a estrictos estándares de legalidad y transparencia que permiten a la ciudadanía escoger entre un abanico de propuestas de acuerdo a sus convicciones ideológicas, y elegir a quienes consideren las personas idóneas para que los representen en los cargos de legislador, integrantes de los ayuntamientos, gobernador y Jefe de Estado.

Paradójicamente, esta gran pluralidad política que indudablemente en mucho ha contribuido al avance de los sistemas democráticos, ha generado una polarización en los órganos de gobierno, los cuales, a pesar de haber sido electos por la mayoría de los votantes, no cuentan con el respaldo de la mayoría ciudadana y en consecuencia han visto limitadas sus acciones de gobernabilidad.

México no ha permanecido al margen de esta dinámica político-social, prueba de ello es la integración del Congreso de la Unión, cuyas Cámaras, tanto de Diputados como de Senadores, no cuentan con la mayoría absoluta de ninguna fuerza política desde 1997, lo cual conlleva a que la construcción de acuerdos resulte sumamente compleja. En el mismo sentido, en las últimas cuatro elecciones federales ningún Presidente de la República ha logrado representar a la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, con el rechazo social que ello supone. Así, Ernesto Zedillo Ponce de León alcanzó esta investidura con el 32.60% de los votantes, Vicente Fox Quesada con el 42.71%, Felipe Calderón Hinojosa con el 36.38% y Enrique Peña Nieto con el 38.15%.

Esta situación cobra especial relevancia si consideramos que de acuerdo al Índice Mundial de Gobernabilidad 2015, elaborado por el Banco Mundial, nuestro país no acredita cuatro de los seis indicadores evaluados: Voz y rendición de cuentas, control de la corrupción, Estado de Derecho, y estabilidad política y ausencia de violencia; sólo fuimos capaces de acreditar eficiencia gubernamental y calidad regulatoria.

Estos indicadores dan cuenta de que nuestra democracia debe dar un paso adelante en su consolidación. Por ello, los diputados que integramos la fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, conscientes de esta problemática, presentamos ante el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 21 de marzo, dos Iniciativas con Proyecto de Decreto, la primera “por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Segunda Vuelta Electoral y Gobierno Federal de Coalición”, y la segunda “por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de Segunda Vuelta Electoral y Gobierno Federal de Coalición”.

El espíritu que subyace en estas iniciativas es lograr que la gobernabilidad democrática sea una realidad en nuestro país y se materialicen dos nivel fundamentales de la política: la realización de procesos democráticos para la conformación de gobiernos legítimos y que México cuente con un gobierno eficiente al servicio de la ciudadanía.

Proponemos en nuestra primera Iniciativa que el Presidente de la República sea electo por más de la mitad de los votos emitidos, de modo que sus decisiones sean respaldadas por la mayoría ciudadana y pueda desempeñar un gobierno eficiente y legitimado por un margen más amplio de ciudadanos; y que la relación entre los poderes federales Legislativo y Ejecutivo vaya acompañada de una colaboración institucional que se refleje en mejores acuerdos políticos, sin perjuicio de la división de poderes y el diseño constitucional de pesos y contrapesos.

Para ello, nuestra propuesta incluye la posibilidad de realizar un proceso electoral en el que se incluya la “segunda vuelta” en el caso de que ningún candidato obtuviese la cantidad predeterminada de votos en la primera ronda. La mayoría necesaria para ser electo es una mayoría calificada, es decir más de la mitad de la totalidad de los votos emitidos, o alguna diferencia de porcentaje entre el primero y el segundo lugar. La forma de calcular la mayoría podría ser sobre la totalidad de los votos emitidos o por la votación válida, excluyendo los anulados. El número de candidatos que podrían pasar a la segunda vuelta serían los dos que hubieran obtenido la mayoría de votos. Los cargos a los que podría aplicarse este método podrían ser los titulares de los poderes ejecutivos e incluso los integrantes de los cuerpos colegiados como parlamentos o ayuntamientos.

El propósito de la segunda vuelta electoral es que forzosamente alguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos emitidos y en consecuencia mayor legitimidad no sólo a nivel social, sino también en el ámbito político, ya que generalmente los candidatos que contienden en una segunda vuelta electoral se ven obligados a conformar alianzas con otras fuerzas políticas con el objeto de alcanzar la mayoría que requieren, por lo que la Iniciativa se complementa con la incorporación constitucional de la figura de Gobierno de Coalición, con el fin de establecer un nuevo esquema de colaboración entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo Federal que genere mejores condiciones de gobernabilidad.

En la próxima entrega abordaremos el tema de la propuesta de Gobierno de Coalición y las reglas implícitas para el seguimiento de un verdadero gobierno legitimado por la sociedad.

herrera.Borunda@gmail.com