En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se perfila que renuncien siete ministros como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también dimitan a su facultad de participar en la elección de juzgadores para junio del 2025.
Se trata de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, y los ministros Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Los ministros se han manifestado en contra de la reforma judicial impulsada por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador.
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Renuncia masiva de ministros de la SCJN
La Ministra presidenta Norma Piña Lucía Piña Hernández y las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres se mantendrán en su cargo por el momento. En el caso del Ministro Luis María Aguilar Morales, concluirá su encargo de 15 años de servicio el próximo 30 de noviembre.
Cabe recordar que el Artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que “al retirarse del cargo, las y los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a las y los ministros en activo”.
Todos entregarían a más tardar el 30 de octubre sus renuncias al cargo con efectos a partir de agosto del próximo año.
Conforme a la reforma judicial los cargos de los ministros serán sometidos a la elección judicial de 2025 y pueden participar para ser candidatos.
Plantean elección de voto popular de jueces
La reforma también plantea la elección por voto popular de jueces y magistrados federales en 2025 pero este lunes el ministro González Alcántara Carrancá publicó un proyecto en la Suprema Corte, en el que planteará invalidar diversas porciones de dicha modificación constitucional, entre ellas, la elección de estos juzgadores.
El ministro propondrá avalar la elección de ministros, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que implicaría una reducción sustancial en el costo para la elección de más de 800 juzgadores.
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