Para entender la reforma judicial, es necesario partir de la comprensión del papel que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de la historia del país.

El México independiente

Consumado el movimiento de independencia de la corona española, México se consolidó como un país soberano con la promulgación de la Constitución de 1824, en la que formalmente se constituyó como una república representativa organizada a partir de la idea de división de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con funciones específicas y complementarias, que además fungirían como un sistema de contrapesos, a fin de prevenir arbitrariedades e injerencias entre esos mismos poderes.

Así, el poder judicial se conceptualizó como un elemento de certidumbre y uniformidad del derecho nacional, al ser la Suprema Corte de aquél entonces un tribunal especializado en resolver conflictos del orden federal y como órgano superior de los tribunales de justicia de los Estados que formaban parte de la federación.

La Suprema Corte era un tribunal de “última apelación”, cuyos ministros eran elegidos por las legislaturas de los Estados de la Federación con aprobación del Congreso de la Unión.

Sin embargo, la Corte no tenía propiamente facultad para interpretar la Constitución, pues ésta quedó reservada al poder legislativo.

Para 1834 se suscitó una primera crisis de la Suprema Corte, a partir de una resolución que emitió respecto de un conflicto competencial entre autoridades de dos entidades federativas, que generó la percepción de que los ministros habían excedido sus facultades y culminó con su destitución.

Esos ministros fueron posteriormente fueron restituidos por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna, quien disolvió el poder legislativo y convocó a un nuevo congreso constituyente, surgiendo así en 1836 una nueva Constitución conocida como las siete leyes, de corte centralista, apartándose del federalismo que establecía la anterior.

Con esa nueva Constitución, la Corte continuó siendo el tribunal último de apelación, con facultades de revisión sobre los tribunales superiores de justicia, e incluso tenía facultades para designar a los magistrados de esos órganos de impartición de justicia locales.

También se creó un cuarto poder, denominado Supremo Poder Conservador, que tenía amplísimas facultades para regular al ejecutivo, podía anular las leyes emitidas por el legislativo, y también las sentencias emitidas por el judicial.

Ese Supremo Poder Conservador se transformó en un obstáculo para los intereses de Santa Anna, quien llevó a cabo un golpe de estado para luego restituir el imperio de la Constitución de 1824.

También se introdujo el juicio de amparo, como instrumento de protección de los derechos constitucionales, de manera que la Suprema Corte se erigió propiamente en un órgano de control constitucional (como hasta ahora), al ser la instancia ante la cual las personas podían acudir para defenderse.

En este sentido, la Corte tuvo un papel importante para la gobernabilidad y unidad del país, al ser el órgano último de interpretación de las leyes (que no de la Constitución); sin embargo, su labor en la resolución de asuntos era limitada, dado que no existían en esa época códigos o compendios de leyes como los conocemos ahora.

La forma de elegir a los ministros no cambió durante todo ese tiempo.}

Luego, tras la caída del régimen dictatorial de Santa Anna (con el triunfo de la revolución de Ayutla), se hizo necesario restablecer el orden y la estabilidad en el país, promulgándose entonces la Constitución de 1857 eminentemente liberal, que contenía un catálogo renovado de derechos o libertades básicas de todos los mexicanos (derechos del hombre), cuya protección nuevamente sería facultad de la Suprema Corte, a través del juicio de amparo.
Pero además, en esa nueva Constitución se preveía que los ministros de la Suprema Corte serían electos de forma indirecta: los ciudadanos votarían por un elector primario, y éste acudiría ante la junta distrital en su representación, a votar por cada uno de los cargos sometidos en cada proceso electoral.

También se dispuso que el presidente de la Suprema Corte sustituiría al presidente del país en caso de ausencia, lo que generó que los ministros tuvieran un perfil más político que de formación jurídica.

A finales de 1857 sobrevino la guerra de reforma (también conocida como la guerra de los tres años), iniciada por los conservadores de la época, con la intención de anular la Constitución de ese mismo año, para regirse nuevamente por la de 1836.

Esa guerra provocó la polarización de la sociedad mexicana en dos grupos: los conservadores y los liberales; e incluso generó el establecimiento de gobiernos paralelos –uno por cada bando–, provocando con esto una crisis de gobernabilidad, que se prolongó después con la invasión francesa y el periodo del primer imperio mexicano.

Sólo hasta 1868, luego del triunfo del gobierno liberal de Juárez sobre los conservadores (periodo que se conoció como de la República restaurada), se integró una nueva Suprema Corte de Justicia con la idea de independizarla de los otros poderes, aunque en la práctica algunos ministros que la integraron eran conservadores.

También se crearon en esa época las primeras codificaciones de leyes, y la Corte seguía siendo el órgano protector por excelencia de los derechos fundamentales de las personas, sin embargo, la Ley de Amparo (1861) vedaba la posibilidad de promover dicho juicio contra resoluciones judiciales.

Fue a partir de una resolución de la Corte que se declaró la inconstitucionalidad del artículo que establecía esa prohibición, abriendo así la puerta a lo que hoy conocemos como “amparo judicial”.

Sin embargo, el poder público consideró que con ese primer amparo contra leyes, los ministros habían excedido sus facultades, y se les inició juicio político (que finalmente no prosperó).

También durante ese periodo, la Corte estableció la doctrina sobre la “incompetencia de origen”, a partir de la cual estimaba que podía analizar los procesos de creación de leyes emitidas por el Congreso.

El Porfiriato

Al establecerse el gobierno de Porfirio Díaz (1877), siguió rigiendo la Constitución de 1857, continuó la creación de códigos de leyes y se afianzó el juicio de amparo, aunque el entonces presidente de la Corte, Ignacio L. Vallarta, impulsó el principio de “autolimitación judicial”, que esencialmente consistía en que las sentencias que emitiera no debían trasgredir las esferas de actuación de los otros poderes públicos.

Dicho jurista logró también la modificación del artículo constitucional que establecía que el presidente de la Corte sustituiría las ausencias del presidente del país, con el afán de despolitizarla; y reexaminó la tesis de “incompetencia de origen”, por lo que desde entonces se consideró que a través del juicio de amparo no se podría utilizar para resolver conflictos políticos, sino sólo de protección de derechos individuales.

No obstante, la gran influencia de Porfirio Díaz en todos los asuntos de la vida pública, alcanzó también a las resoluciones de la Corte.

El Periodo Revolucionario

Tras la caída del régimen porfirista, durante la revolución maderista de 1910, la Suprema Corte continuó en el ejercicio de sus funciones normales, incluso durante el breve periodo en que gobernó el usurpador Victoriano Huerta, pero a la caída de éste al haber sido derrotado por el ejército constitucionalista liderado por Venustiano Carranza en 1914, aún funcionaba la Suprema Corte con ministros todavía nombrados por Porfirio Díaz (1ª. Corte revolucionaria), por lo que fueron todos destituidos y se suspendieron sus labores.

Carranza, ya como presidente de la República mexicana, ordenó que la autoridad militar sería la que atendería la tramitación de todos los juicios, conforme a las leyes establecidas; y en 1916 convocó a un congreso constituyente en Querétaro, cuyas labores culminaron con la promulgación de la Constitución de 1917, también inspirada en las ideas liberales, que contenía un catálogo más amplio de garantías individuales mínimas para todos los mexicanos, a las que se sumaron lo que se denominó como “garantías sociales”, en favor de los grupos agrarios y obreros.

En lo que hacía a la Suprema Corte, los constituyentes de 1917 consideraron que el sistema de elección popular (indirecta) de los ministros no garantizaba su independencia, por lo que establecieron que a partir de entonces serían las legislaturas de los Estados las que propondrían candidatos, y que éstos serían finalmente elegidos por el Congreso de la Unión, sin intervención del ejecutivo.

Así, la Suprema Corte reanudó sus labores en 1919 (2ª. Corte revolucionaria).

Luego del deceso de Carranza, asumió la presidencia Álvaro Obregón, quien en 1923 propuso la inclusión en la Constitución de una cláusula de inamovilidad de los ministros de la Corte; sólo podrían ser removidos por causas graves. De esta manera se integró una 3ª. Corte revolucionaria.

También por iniciativa de Obregón, pero en 1928, se aprobó que los ministros fueran nombrados por el propio titular del poder ejecutivo, con aprobación de la Cámara de Senadores. Bajo este nuevo esquema, fue el presidente Emilio Portes quien ese año eligió nuevos ministros, para formar una 4ª. Corte revolucionaria.

En 1934, la cláusula de inamovilidad sería anulada bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien modificó nuevamente el texto constitucional para establecer que los ministros durarían en su encargo seis años.

Por Luis Gabriel Aguilar Virgen

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