Con 46 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, el Pleno del Congreso LXVI Legislatura aprobó la adición de la fracción II Bis al Artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte con lo que se establece que los Comités Municipales del Deporte (Comudes) deberán promover campañas permanentes de fomento deportivo como instrumento de participación ciudadana y prevención de adicciones en la niñez, adolescencia y juventud, acorde con los programas determinados en cada municipio y de conformidad con el Programa Operativo Estatal del Deporte.
En el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 19 de junio por la diputada Janix Liliana Castro Muñoz, se determina viable la reforma ya que los Comudes, los Ayuntamientos y el propio Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) no se verán afectados presupuestalmente, toda vez que constituye una obligación administrativa y deben realizar el trabajo con los recursos ya destinados.
Aprueba Congreso reforma que impulsa la práctica de actividades deportivas
Asimismo, se retoma lo expuesto por la autora de la iniciativa en relación con que se busca visibilizar y reconocer los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, contenidos en diversos ordenamientos generales y locales vigente, así como Tratados Internacionales suscritos por México, incluyendo a la Agenda 2030 con el interés de abonar al cumplimiento de las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), priorizando el número 3, denominado Salud y Bienestar.
Por otra parte, refiere los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) relativos al Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, realizado en 2020, y que permite conocer las características de la práctica de ejercicio físico por parte de la población de 18 años y más edad, así como las principales razones de quienes no lo practican. “En México, 38.9 por ciento de la población y más declaró ser activa físicamente”.
De acuerdo con la legisladora, la actividad física regular y adecuada reduce el riesgo de enfermedades y trastornos no transmisibles, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer de mama y colon, así como la depresión.
Tras su aprobación, la Mesa Directiva instruyó remitir el decreto al titular del Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
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