Elementos de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) simularon pruebas para justificar el cateo ilegal a una bodega en el municipio de Río Blanco y la detención de seis personas.

 “Al extremo de colocar armas y drogas” para comprometer legalmente a las víctimas, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 88 VG/2023. 

El documento dirigido a la Fiscalía General y al Gobierno de Veracruz, señala que detuvieron de manera arbitraria a seis personas, que fueron sometidas a actos de tortura como ponerles una bolsa de plástico en la cabeza para obtener una supuesta confesión, ante la presencia del director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Rodolfo Astudillo Medina.

El caso data del 19 de junio de 2021, cuando al menos nueve policías ministeriales y dos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entraron sin orden de cateo o aprehensión a una bodega de Río Blanco, propiedad del empresario José Antonio May González, en donde golpearon al vigilante, detuvieron a los empleados a quienes los tiraron al suelo y les cortaron cartucho.

A través de vídeos de cámaras de seguridad y el testimonio de más de una decena de personas, la CNDH exhibió que las víctimas no fueron detenidas en las circunstancias asentadas por los elementos.

Tampoco portaban armas de ningún tipo, ni siquiera machetes, y que en ningún momento agredieron a los elementos de la Fiscalía como se afirmó.

Además, los elementos policiales simularon la flagrancia para intentar justificar el cateo ilegal, llegando al extremo de colocar armas y drogas para comprometer legalmente a las víctimas.

CNDH señala a Fiscalía y SSP de simular pruebas para justificar cateo en Río Blanco

Los testimonios de las víctimas señalan que las golpearon y amenazaron con matar a sus familiares si no firmaban declaraciones para inculparse por delitos como ultrajes a la autoridad y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Hay que recordar que días después de la irrupción a la bodega, el empresario José Antonio May González denunció públicamente estos hechos así como el robo de mercancía.

Sobre esto el gobernador Cuitláhuac García señaló que la denuncia resultaba “sospechosa” y que no se actuaría con lo que se afirma en redes sociales.

Sobre estos hechos, una de las víctimas narró que fue golpeado y le colocaron una bolsa transparente en la cabeza cerca de diez veces, y que estando en la Fiscalía escuchó cuando uno de los policías mandó traer armas, un machete y drogas, que nunca portó.

“Lo amenazaron constantemente con matarlo a él y a su familia, que los elementos policiales cubrieron en varias ocasiones su cabeza con una bolsa de plástico que le impedía respirar, a tal grado que se desmayó y orinó; que lo mantuvieron en posturas forzadas y con el rostro cubierto y golpeado en repetidas ocasiones en la cabeza, pecho, costillas y piernas; precisó que los elementos policiales lo obligaron a cargar mercancía en camionetas, fue sometido a actos de tortura por técnicas de asfixia”, señala el documento.

Otra de las víctimas indicó que vio cómo uno de sus compañeros era obligado a cargar un vehículo con cerveza, como parte de las acusaciones que hizo la autoridad luego de afirmar que realizaron el cateo por indicios de que ahí se descargaba cerveza presuntamente robada.

En el caso de una tercera víctima, indicó que fue detenido a 500 metros de su vivienda, que lo golpearon y le preguntaron dónde vivía y lo trasladaron a su vivienda, de donde robaron pertenencias, lo desnudaron y torturaron, diciéndole que tenía que afirmar que conocía a otro de los detenidos.

Luego en la Fiscalía al ver a la médico legista le preguntó si lo podía revisar ya que llevaba lesiones, pero le refirió que “no daba las órdenes y que lo veía bien”.

La cuarta víctima la autoridad explicó que lo detuvieron porque llevaba una bolsa plástica pequeña al parecer con droga.

pero la víctima señaló que se encontraba en su centro de trabajo cuando llegaron los elementos policiales armados y los golpearon, aunque no había sido detenido en un inicio se quedó en las inmediaciones grabando con su celular a los elementos, por lo que fue aprehendido, golpeado y trasladado sin rumbo fijo.

La CNDH señaló que hubo dilación de cuatro horas en la presentación de los detenidos ante la autoridad, sin existir causa justificada y que durante el tiempo en que estuvieron bajo custodia de los elementos, fueron torturadas y sometidas a actos crueles, inhumanos y degradantes.

Como parte de la recomendación, la CNDH establece que la Fiscalía y la SSP deberán devolver todos los bienes o valores propiedad del empresario, que fueron incautados de manera indebida, incluyendo sus frutos y accesorios, y si ello no fuese posible, deberán realizar el pago de su valor actualizado.
Por ultimo, deberán colaborar con la Contralora General del Estado para investigar la presunta comisión de responsabilidades administrativas por parte de los elementos ministeriales y policiacos, además de investigar por el delito de tortura, robo agravado y abuso de autoridad a los elementos.

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