-Dependencias de Cuitláhuac habrían generado presunto daño por 280 millones de pesos
-Sí detectó uso de recursos públicos en campañas electorales
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, informó que el presunto daño patrimonial de la cuenta pública 2023 asciende a los mil 699 millones de pesos.
Entrevistada luego de entregar el Informe correspondiente a dicho ejercicio fiscal a los diputados locales, expuso que de dicha cantidad, 280 millones de pesos corresponden al Poder Ejecutivo.
Precisó que se revisó el ejercicio fiscal de 308 entes fiscalizables, más la cuenta consolidada, que se toma como un ente adicional.
“Creo que en esta ocasión los resultados mejoraron en relación con los del año pasado y ejercicios anteriores porque encontrarán ustedes un mayor número de municipios que completaron, que fueron totalmente aclaradas las observaciones que hicimos en los pliegos correspondientes”, aseveró.
González Cobos destacó que las observaciones más recurrentes fueron la falta de comprobación en en diversas obras, que requieren diversas revisiones y que no en todos los casos se cumple.
Agregó que hay comprobaciones que no fueron presentadas por los gastos que se realizaron, o hay casos de obras que fueron pagadas y no se llevaron a cabo.
La auditora superior expuso que de los 212 ayuntamientos del Estado, 179 tuvieron señalamientos por parte del ente fiscalizador.
En el caso de las dependencias del Estado, dijo que son varias las que todavía tendrán que aclarar el presunto daño generado en el 2023.
“Son 280 millones de pesos lo que corresponde al Estado y están todavía en la etapa de aclaración como todos, que tendrán que hacer las aclaraciones.
“Creo que en estos tiempos en los que la administración estatal está por concluir, será necesario que cuánto antes se presenten con la documentación correspondiente para que puedan hacer una buena entrega”, aseveró.
En el caso de no hacerlo, estarán sujetos a las responsabilidades que implique el no haber aclarado esas observaciones.
Delia González Cobos descartó que para dicha cuenta pública hayan identificado empresas fantasmas o de nueva creación, como ocurrió en años anteriores, lo que sí detectaron fue falta de comprobación.
Recalcó que el presunto daño patrimonial es menor al de los años anteriores, toda vez que es el segundo año de ejercicio de los ayuntamientos y ya saben qué es lo que pide el ORFIS y cómo lo pide.
Sí detectó ORFIS uso de recursos públicos en campañas
En el caso de los recursos que se habrían utilizado en las campañas electorales en el 2023-2024, la auditora reveló que el ORFIS estuvo atentos a si había alguna situación así, lo cual sí detectaron.
“Sí tenemos identificados, pero no les puedo decir cuántos fueron”, mencionó.
Finalmente, González Cobos recordó que a partir de que el Congreso del Estado aprueba la cuenta pública, instruye al ente fiscalizador que haga seguimiento a los casos que quedan pendientes las aclaraciones.
“Una vez que aprueba el Congreso tendremos el tiempo que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son 7 años los que señala, en esos siete años vamos a revisar lo que está pendiente”, subrayó.
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