Natalia era una niña de cuatro años que vivía en Córdoba con su mamá y padrastro, que perdió la vida debido a los golpes que éste le dio; pero su caso no es el único pues el Pacto por la Primera Infancia denunció que los golpes a la niñez como una forma de castigo son una constante que trae graves consecuencias.

Las personas que viven cerca de la casa de la niña llamaron al 911 para solicitar apoyo debido a que escucharon los golpes. Pero cuando la Cruz Roja llegó ya era demasiado tarde, la menor había perdido la vida.

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Tanto el padrastro como la mamá fueron detenidos, vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva por dos años debido a los delitos de feminicidio, violencia familiar y omisión de cuidado.

“En el Pacto por la Primera Infancia (PPI) nos pronunciamos enérgicamente en contra de todo tipo de violencia hacia las niñas y los niños en primera infancia porque esta es una tragedia que no podemos seguir ignorando. En México, 2,388 niñas y niños menores de 6 años fueron asesinados entre 2010 y 2022, de acuerdo con los registros administrativos, estadísticas vitales. INEGI, 2010-2022 (Homicidios), y concretamente en Veracruz, 108 menores de 5 años han muerto por homicidio, del año 2000 al 2022”, señala el conjunto de asociaciones civiles que conforman el Pacto a través de un comunicado.

Casos recurrentes de maltrato infantil

Advierte que aunque las personas dicen rechazar los castigos corporales en contra de las infancias, la realidad es que la mitad de la niñez menor de 5 años ha sido sometida a métodos de disciplina violenta.

Además, indica que esta situación se repite en todos los estratos sociales y en todos los países de América Latina, inclusive hacia niñas y niños de menos de 1 año.

“La evidencia científica es clara: la primera infancia es un período de especial sensibilidad, riesgo y oportunidad. Las y los bebés, así como las niñas y los niños son vulnerados a través de diferentes formas de violencia, maltrato psicológico, violencia sexual, golpes, amenazas, negligencia, su vulnerabilidad es mayor que otros grupos etarios debido a la dependencia de sus cuidadores y su limitada capacidad para buscar ayuda fuera del hogar.

Esta vulneración se agrava cuando los perpetradores de la violencia son los propios cuidadores principales o personas de confianza dentro de su entorno familiar”, señala.
Por ello, afirma que los gobiernos tienen la responsabilidad de generar un cambio cultural para evitar esas prácticas a través de campañas de sensibilización y programas de competencias parentales además de generar una ruta de detección temprana de estas violencias.

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