La Fiscal del Estado de Veracruz Verónica Hernández Giadáns, se dijo “preocupada” por los criterios que han tomado jueces y magistrados que han otorgado suspensiones, para variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

A través de un comunicado pidió a los magistrados y jueces imaginar “el sufrimiento que sienten las víctimas de los delitos al ver a los presuntos responsables deambular libremente por las calles”.

Se dijo respetuosa en “justa medida” de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo señaló que se están dando una “interpretación extremista” a esta sentencia.

La Fiscalía del estado de Veracruz fijó su postura luego de que este miércoles una jueza federal anulara el proceso penal que se le inició a la juez Angélica Sánchez Hernández.

A continuación la postura de la Fiscal del Estado de Veracruz

Veracruzanas y veracruzanos:

Históricamente el Estado de Derecho nace para dar seguridad y protección a los débiles y a las víctimas; así como, dirimir controversias e impartir justicia. Lograr que nada ni nadie esté por encima de la Ley.

La Fiscalía General del Estado se rige bajo el respeto de los derechos humanos de todos; aunque el bienestar y los intereses de los débiles y las víctimas son nuestra principal motivación.

Hoy me dirijo a ustedes con gran preocupación por los criterios que están tomando algunos Jueces, Juezas y Magistrados Federales, quienes bajo argumentos sustentados en un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversos Juicios de Amparo, han concedido suspensiones, ordenando variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dejando en libertad a imputados, probables responsables de delitos considerados por nuestra Constitución como graves.

De la misma manera, a pesar que los Fiscales han argumentado,  en plena defensa de los principios de legalidad, al solicitar la prisión preventiva justificada en lugar de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, algunos Jueces, Juezas y Magistrados Federales han impedido que se conceda dicha medida; aún cuando esa figura jurídica no fue motivo de estudio en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma cumple con los parámetros de regularidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hablamos de presuntos secuestradores, homicidas, pederastas, de quienes presuntamente han cometido el delito de desaparición de personas, que habían sido detenidos, vinculados a procesos y que se les había impuesto prisión preventiva oficiosa; que claramente tiene fundamento en el artículo 19 de la Constitución General de la República y hoy están de nuevo en la calle.

Respetamos, en su justa medida, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como institución que forma parte de una sociedad democrática y humanista, debemos respetar las decisiones de los tribunales a los que sometemos nuestra jurisdicción; sin embargo, una interpretación extremista de toda decisión jurisdiccional, por bondadosa que esta sea, me temo, puede estar llevándonos a un extremo que agrave los riesgos y el sufrimiento de quienes son lamentables víctimas directas e indirectas de los delitos y de la sociedad en general.

Es importante que todos, magistrados, jueces, fiscales, abogados y la sociedad entera imaginemos el sufrimiento que sienten las víctimas de los delitos al ver a los presuntos responsables deambular libremente por las calles. La sensación de inseguridad, el miedo, la ansiedad los paralizan y frustran, a ellos y sus familias; al igual que a su entorno social y comunitario.

Comprendo la frustración y descontento de nuestros conciudadanos, especialmente de aquellas víctimas que seguramente con esas determinaciones jurisdiccionales, hoy se sienten desprotegidas y ante la sensación de inseguridad, han perdido la paz.

La Fiscalía General del Estado siempre ha estado y estará del lado de las víctimas, actuando apegados a la ley y el respeto a los derechos humanos, privilegiando en todo momento la procuración de justicia que genera paz y confianza sociales.

Lamento los tiempos en que la política, parafraseando a Hans Kelsen, se vuelve el primer obstáculo del Derecho y la Justicia. Hoy se ven claras las intenciones maliciosas y perversas con fines políticos.

EL principal agravio es que la Fiscalía General ha hecho valer su autonomía, tanto de otros poderes públicos y fácticos, como de grupos políticos, delincuenciales y complicidades de otros arreglos.

Por ello, reconozco a las y los servidores públicos de la Fiscalía General que encabezo, que, con sacrificio diario, convicción y entrega, trabajan para erradicar la corrupción y la impunidad, laborando de manera responsable, apegada a la ley, teniendo como centro de su actuar a las víctimas de los delitos. Fiscales, peritos, policías ministeriales y el demás personal de apoyo profesional y administrativo hacemos esfuerzos todos los días, mañana, tarde y noche, para evitar la impunidad que hoy se ha convertido en uno de nuestros principales problemas.

Con entereza, con fuerza y con pasión nos defenderemos de los intereses ilegítimos que hoy, regresan bajo el pretexto de la discusión acerca de la prisión preventiva.

Hoy, más que nunca antes, es importante que todos juntos, los gobiernos federal, estatales y municipales, sectores privados y sociales, caminemos unidos hacia un pacto firme en contra de la impunidad y a favor de la aplicación estricta de la Ley. No podemos caer en la frivolidad de permitir que las disputas políticas y la falta de unidad en torno a temas fundamentales como lo son el de la seguridad pública, la procuración y la impartición justicia lleguen a herir de muerte nuestro futuro y el de nuestra descendencia.

Tenemos que abonar y construir con inteligencia, creatividad y responsabilidad, en torno a una eficaz y eficiente coordinación de las instituciones estatales, fuerzas federales, el Ejercito Nacional y la Marina Armada de México y, la unión de todos los grupos de la sociedad, organizaciones civiles e iniciativa privada; pues sin ello, cualquier estrategia y acciones en contra de la inseguridad y a favor de la justicia serán insuficientes para afrontar los grandes retos que, en esta materia, tienen Veracruz y México.

Reitero a la sociedad veracruzana, que seguiremos  con valor, compromiso y convicción,  haciendo valer el Estado de Derecho,  para construir un Veracruz, de paz y justicia.

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