Integrantes del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México (SIATEM), tomaron la Secretaría de Educación (SEV) y todas las delegaciones por una larga lista de demandas sin cumplir.
En entrevista, el secretario general de la organización sindical, Alejandro Cucurachi Durán, exigió que le resuelvan sus demandas o no permitirá que se haga la entrega-recepción.
A través de un pliego petitorio expuso que existen posibles actos de corrupción y actividades tipificadas como delitos de omisión, por parte de funcionarios de la SEV.
“Por lo que nos vemos en la necesidad de detener todo movimiento administrativo en oficinas centrales y delegaciones a lo largo del Estado y que este paro de actividades será de manera indefinida hasta no ver cumplidas todas y cada una de nuestras demandas, las cuales enumeramos”, expuso.
Los inconformes exigen la regularización inmediata de ocho casos administrativos, que llevan más de 10 años laborando en una zona económica del cien por ciento y cobrando en zona económica del 60 por ciento.
Cumplimiento inmediato al compromiso adquirido desde hace seis años, de cambio en Educación Especial Estatal.
Transparencia pública de las vacantes definitivas y temporales, ya que existe evidencia que se han acomodado a modo en beneficio de amigos, familiares y conocidos del personal de la Secretaría.
Reinstalación inmediata de compañeros cesados por incosistencias al debido proceso y que los han perjudicado en lo laboral, económico y personal.
Liberación de adeudos a compañeros de años fiscales anteriores.
Regularización de claves administrativas de educación secundaria.
La no repetición de personal de la SEV que ha mostrado su ineficacia, corrupción e incompetencia.
Claridad y certeza jurídica en cambios por inseguridad y salud debidamente probados, sin requisitos inventados por el técnico normativo.
Mayor compromiso para las recategorizaciones de los compañeros homologados, que se entregue de manera anual, no cada dos años para la aplicación de su beneficio, ya que deben esperar un periodo para volver a ser beneficiados, haciendo que cada uno espere un mínimo de cuatro años para ver mejoría en su salario.
Asimismo, exigieron el pago inmediato de las pólizas por defunción y de los cobros por jubilación, ya que las retenciones son inmediatas pero los pagos siempre son retrasados.
También que se eviten represalias, llamadas de atención, hostigamientos y descuentos a quienes hacemos uso de nuestro derecho constitucional a la libre manifestación.
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